Otra institución echada a perder por la política

El Consell Consultiu de Cataluña está quedando a mi modo de ver a la altura del barro con su dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto de estatuto de autonomía. A pesar de que supuestamente, “a diferencia de otros órganos consultivos, no puede expresar criterios de oportunidad o de conveniencia, sino que sus dictámenes tienen únicamente un carácter técnico-jurídico” (no me estoy inventando nada, está en su página web), el dictamen que está sacando a la luz La Vanguardia es estrictamente partidista.

En sus conclusiones, dictaminan que el proyecto de estatuto vulnera la Constitución en 19 artículos y plantea dudas en otros 39, según cual sea la interpretación que se les dé. Si se aplicasen criterios exclusivamente técnico-jurídicos, uno esperaría que unas veces fuesen de un partido los que considerasen que tal artículo es inconstitucional y otras veces fuesen de otro partido. O si no al menos que los consejeros nombrados por ERC y CiU encontrasen algún artículo inconstitucional, aun que sea uno pequeñito, al fin y al cabo todos somos humanos, y también los consellers tendrán sus pequeños sesgos políticos por mucho que intenten aplicar criterios científicos. Pues no. Resulta que sólo han apreciado aspectos indudablemente inconstitucionales en el proyecto de Estatut los cuatro consejeros que fueron propuestos para el cargo por los partidos no nacionalistas, PSC, PP e ICV, en contra del criterio de los otros tres juristas propuestos por CiU y ERC. La votación ha sido ajustada, 4 contra 3 en los artículos que han tumbado. Por supuesto que con una votación tan ajustada y con criterios tan descaradamente políticos ni ERC ni CiU van a aplicar el dictamen que no es vinculante.

El caso es que no sólo hay partidismo, sino también desfachatez. Según La Vanguardia, los consejeros propuestos por CiU consideran (no aclara si en el voto particular del dictamen) que el Consell Consultiu no es competente para decidir la constitucionalidad del Estatut porque no se creó para eso. La afirmación es ya de por sí sorprendente cuando se puede leer en su página web que la institución “ha de velar por la observancia y el cumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña”. Pero es todavía peor la afirmación de los mismos consejeros “convergentes” consideran, según La Vanguardia, que cuando se creó el Consell Consultiu la voluntad política tácita era utilizar un organismo de prestigio para defender el autogobierno a base de aportar ciencia jurídica son sensibilidad catalana y contrarrestar el monopolio interpretativo de la Constitución que desde el Estado solía hacerse en clave centralista. Lo que en palabras llanas quiere decir: Si esos centralistas del Constitucional echan siempre el agua para su molino, nosotros no vamos a ser menos en echarla para el nuestro. Bravo por el carácter únicamente técnico-jurídico.

Así que los mismos consejeros que han dado el visto bueno a todos los artículos nos aclaran que el Consell Consultiu tiene un carácter altamente político, y es un máquina de propaganda. Un think-tank jurídico, más que un consejo de sabios. Y pagado con dinero del contribuyente. Verdaderamente es vergonzoso.

Si los consejeros del lado “español” han dictaminado también con criterios políticos, entonces la estrategia del PSOE es transparente. Primero el PSC aprueba un montón de artículos supuestamente inconstitucionales para quedar bien con sus socios de ERC, y como catalanistas de cara al electorado; después el Congreso hace la criba, con la coartada del dictamen del Consell Consultiu.

Cada vez que los políticos tienen poder sobre el nombramiento de una institución, sea el Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General o el Consell Consultiu, deja de ser una institución técnica y se convierte en un despropósito político polémico y disfuncional. A ver cuando nos damos cuenta de que hemos dado demasiado poder a nuestros representantes parlamentarios, y que ya va siendo hora de que la sociedad civil les arrebate cuotas de poder. El problema es cómo, porque nuestras mismas instituciones democráticas fuerzan que cualquier reforma del sistema pase por sus manos. Creo que estamos jodidos.