Corresponsabilidad fiscal de la buena

El lío de la financiación autonómica va para largo. El tema es profundo y no se va a arreglar haciéndoles la vida más cara a los fumadores.

Es un tema recurrente. Las necesidades de financiación cambian. Por ejemplo, con la sanidad, la tecnología médica evoluciona, la población envejece y en algunas comunidades la población, inmigrante o no, aumenta más deprisa que en otras. Además un gobierno de derechas, no tiene porque tener los mismos criterios de gasto que uno de izquierdas. Limitar los ingresos es limitar la autonomía política de una región. Tarde o temprano habrá desfases entre los ingresos y las necesidades, y tener que quejarse amargamente y negociar la pela a cara de perro entre partidos es un sistema disfuncional, que queréis que os diga.

La responsabilidad de hacer que los servicios públicos funcionen se dispersa cuando los responsables de la gestión no son los mismos que los de la financiación. Egócrata nos contaba las peripecias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que baja los impuestos a la vez que pide más dinero para la sanidad. Aunque parezca incoherente, políticamente tiene sentido político si puede responsabilizar al gobierno central de falta de recursos para la sanidad madrileña. La responsabilidad se dispersa. Aguirre puede bajar los impuestos y luego responsabilizar a Zapatero de la merma de ingresos, y los votantes no saben de quién es la culpa y a quién castigar en las elecciones.

Un principio fundamental para que un sistema democrático funcione es que haya un responsable único al que echarle la culpa si algo no funciona, y no dos para pasarse la pelota de uno a otro. De ese modo, el votante sabe a quién mandar para casa en las siguientes elecciones.

Off-topic, un problema de la Unión Europea es que no se ve un responsable claro a quien reclarmar. La responsabilidad se diluye entre los gobiernos nacionales (responsabilidad diluída a 25), una comisión que no se elige con criterios democráticos, y un parlamento un tanto castrado.

Para que la máquina autonómica funcione sin chirriar, los gobiernos regionales deberían responsabilizarse de los ingresos, y no sólo del modo en que gastan y gestionan. Si Cataluña, o Extremadura, piensan que necesitan más dinero para tener una sanidad de más calidad, que aumenten los impuestos y asuman ante su ciudadanía la responsabilidad de saquearles los bolsillos.

¿Cómo llevar esto a la práctica? La solución no puede estar en cuatro impuestos indirectos, que son calderilla y se ceban con los usuarios de unos determinados productos. La madre del cordero es el impuesto sobre la renta. El único modo coherente que veo de aplicar el principio de responsabilidad fiscal en ambas administraciones es que gobierno central y comunidad autónoma decidan por separado que tipos impositivos quieren que se aplique. Cada uno con independencia del otro. Sería como si hubiese dos impuestos sobre la renta, pero la declaración sería única, para hacerle la vida maś fácil a los contribuyentes. En cada comunidad autónoma habría una agencia tributaria consorciada, en la que las dos administraciones se coordinarían para llevar conjuntamente la recaudación y la inspección.

Por supuesto que parte de lo recaudado por el gobierno central iría a parar a las comunidades autónomas con menor recaudación, en concepto de solidaridad entre comunidades. El principio seguiría siendo que todos los ciudadanos puedan contar con los mismos recursos independientemente de lo rica que su comunidad autónoma, pero con una interpretación flexible para permitir diferencias de presión fiscal.

Por supuesto que esta medida sería un avance hacia un sistema más federal (sea lo que sea lo que signifique semejante concepto difuso). Pero si la propia lógica y eficiencia del funcionamiento de las administraciones nos lleva en esa dirección, ¡bienvenido sea el cambio!